Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

Un general retirado del Ejército, Juan Miguel Huertas, enfrenta serias acusaciones por un caso de 'falsos positivos' en Antioquia. La JEP investiga su rol como capitán en crímenes que sacudieron al país, manteniendo en vilo su futuro judicial.

El general (r) Juan Miguel Huertas se encuentra en el ojo del huracán judicial por su presunta vinculación en un grave caso de 'falsos positivos' ocurrido en Antioquia. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mantiene abierta una exhaustiva investigación sobre su rol cuando ostentaba el rango de capitán. Este escándalo legal resuena con fuerza, reabriendo dolorosas heridas de un oscuro capítulo en la historia militar del país.

Los señalamientos contra Huertas se centran en su desempeño como oficial de operaciones del Batallón de Artillería N°4 entre 2002 y 2013. Un documento de la JEP lo vincula al caso 03, que investiga asesinatos presentados como bajas en combate, específicamente durante el año 2003. Aunque fue declarado "no máximo responsable", su conexión con los hechos bajo su mando sigue siendo un punto crítico de análisis para la justicia transicional.

Los 'falsos positivos' implican la ejecución de civiles inocentes para inflar estadísticas de combate y obtener beneficios. El proceso del general Huertas, que involucra a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, se mantiene activo y bajo escrutinio. Recientemente, el Ministerio de Defensa solicitó a la JEP una actualización de las órdenes de captura y antecedentes vigentes del oficial, evidenciando la complejidad del entramado legal.

A pesar de que la justicia lo declaró 'no máximo responsable' del caso de 'falsos positivos', la JEP aún debe determinar el grado exacto de su implicación. Esta decisión final podría implicar un proceso de renuncia a la persecución penal o, por el contrario, abrir nuevas puertas a su responsabilidad. El desenlace de este caso es crucial para las víctimas y para sentar precedentes en la lucha contra la impunidad en Colombia.