Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

El empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, enfrenta graves cargos de la FGR por huachicol, tráfico de armas y delincuencia organizada. Su situación legal se complica ante una profunda investigación federal que sacude al mundo empresarial y del espectáculo.

La Fiscalía General de la República ha imputado al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú por su presunta participación en una red dedicada al tráfico de hidrocarburos, la rematriculación ilegal de armas y operaciones relacionadas con la delincuencia organizada. Esta investigación marca un grave giro en la trayectoria de un copropietario de una de las franquicias de belleza más reconocidas a nivel mundial.

Según reveló el diario Reforma el pasado 6 de agosto, la agente Yazmín Mayoral Marín de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada solicitó una orden de captura contra Rocha. Dicha solicitud se basó en indicios de delincuencia organizada con fines de tráfico de narcóticos, armas e hidrocarburos. El caso, inicialmente llevado por un juez federal de Almoloya de Juárez, fue turnado a Querétaro debido a una declaración de incompetencia jurisdiccional.

En medio de esta disputa judicial, el empresario Raúl Rocha Cantú se acercó a la FGR para solicitar un "criterio de oportunidad". Este mecanismo legal le permitiría entregar información valiosa a cambio de beneficios legales, convirtiéndose en testigo colaborador de la Fiscalía. Aunque la fecha exacta de aprobación de este criterio no ha sido confirmada públicamente por los medios, la gestión se realizó durante el avance del proceso judicial.

Paralelamente, las investigaciones federales han descubierto una compleja red que, presuntamente, introducía combustible robado desde Guatemala. Esta operación ilícita utilizaba empresas fantasma en Querétaro para facturar el producto y así reinsertarlo en el mercado formal. Además, se detectó un sistema empresarial diseñado para adquirir, transportar y rematricular armamento, el cual era entregado a grupos criminales bajo una fachada de legalidad. El caso de Rocha Cantú avanza con señalamientos que vinculan actividades empresariales de alto perfil con estructuras de tráfico de hidrocarburos y armas, con posibles y graves consecuencias.