Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

El Gobierno de Gustavo Petro apoya la consulta popular sobre la reforma laboral, generando tensiones en el Congreso.

El 14 de mayo de 2025, Colombia se encontraba al borde de una decisión trascendental. En el Senado, se debatía la viabilidad de una consulta popular sobre la reforma laboral, propuesta por el presidente Gustavo Petro. Esta consulta, que se realizaría al día siguiente, buscaba recoger la opinión de los ciudadanos sobre un tema que ha dividido opiniones y generado un intenso debate político.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue el portavoz del Gobierno, expresando el respaldo a la consulta y a una apelación para revivir el proceso legislativo de la reforma laboral. “Existen dos caminos para llegar a la reforma laboral”, afirmó Benedetti, subrayando la importancia de este momento para el futuro laboral del país. Junto a él, figuras como Antonio Sanguino, Ministro de Trabajo, defendieron la necesidad de la consulta para fortalecer los derechos de los trabajadores.

La jornada estuvo marcada por un ambiente de tensión y expectativa. Mientras algunos sectores, como el Partido de la U y el Partido Verde, apoyaban la apelación al hundimiento de la reforma, otros, liderados por el Partido Liberal y su representante César Gaviria, criticaban la consulta por considerarla innecesaria y costosa. La división en el Congreso reflejaba la complejidad del tema y la variedad de intereses en juego.

Este escenario político pone de manifiesto las profundas divisiones sobre cómo mejorar las condiciones laborales en Colombia. La decisión de apoyar tanto la consulta popular como la apelación al hundimiento de la reforma laboral sugiere una estrategia del Gobierno para asegurar que, de una forma u otra, la reforma avance. Sin embargo, la oposición argumenta que este enfoque podría complicar aún más el panorama político y legislativo del país. La votación del 15 de mayo no solo determinará el futuro de la reforma laboral, sino que también podría redefinir las relaciones entre el Gobierno y el Congreso.