Por: Juan Manuel Esquivel Gutierrez

Ocho partidos políticos denuncian que el presidente Petro busca imponer una consulta popular vía decreto, ignorando al Senado. Amenazan con acciones legales y acusan al mandatario de querer un régimen autoritario.

La tensión política en Colombia escaló a niveles críticos este lunes luego de que ocho partidos de oposición y centro emitieran un comunicado conjunto acusando al presidente Gustavo Petro de intentar un golpe de Estado encubierto. El detonante: la intención del mandatario de convocar a una consulta popular mediante decreto, sin la aprobación del Senado, un acto que los partidos califican de inconstitucional y de grave atentado contra la democracia colombiana. La situación ha generado un fuerte rechazo y advertencias de consecuencias negativas.

La declaración conjunta, firmada por Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido de la U y Partido ASI, no solo rechaza la iniciativa, sino que insta a las instituciones de control del Estado —Corte Constitucional, Consejo de Estado, Procuraduría y Contraloría— a actuar con firmeza e independencia para frenar lo que consideran un atropello a la Constitución. Se enfatizó la necesidad de defender el orden constitucional y el respeto por la separación de poderes.

Los líderes de los partidos firmantes expresaron su preocupación por el actuar del Gobierno, al cual acusan de instrumentalizar causas sociales para fines políticos, presionando y desacreditando al Congreso tras el rechazo de su propuesta. Se hicieron eco de la preocupación ciudadana por la escalada de la polarización política, alertando sobre los graves riesgos para la institucionalidad democrática del país. Se remarcó la importancia de una respuesta firme de las instituciones ante lo que se considera un abuso de poder del Ejecutivo.

El comunicado concluye con un llamado a la ciudadanía a defender las instituciones democráticas y a rechazar cualquier intento de concentrar el poder en una sola persona. La controversia por la consulta popular ha abierto un debate crucial sobre los límites del poder presidencial y el futuro del equilibrio institucional en Colombia. Las próximas horas serán clave para ver la reacción del Gobierno y de las instituciones ante esta grave acusación que podría desatar una crisis política de gran magnitud.