Por: karol Yulieth Lopéz león

¡Explosión diplomática entre Colombia y Guatemala! El presidente Petro prohibió la entrada a la fiscal Consuelo Porras, tras órdenes de captura contra funcionarios colombianos. La respuesta de Petro fue inmediata y contundente.

El martes 3 de junio de 2025, el presidente colombiano Gustavo Petro, en un consejo de ministros televisado desde Bogotá, anunció la prohibición de entrada a Colombia de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. Esta decisión, considerada por muchos como una escalada en el conflicto diplomático, se tomó tras la emisión de órdenes de captura por parte de la Fiscalía guatemalteca contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez. La tensión entre ambos países se ha intensificado considerablemente en las últimas semanas.

La orden de captura guatemalteca se centra en la labor anterior de Velásquez en la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), cuya labor contra la corrupción fue ampliamente criticada por Porras. Petro, en su anuncio, acusó a Porras de “denostar a gente honesta colombiana” y de burlarse de la dignidad nacional, añadiendo que la fiscal guatemalteca mantiene vínculos con “amigos mafiosos”. La canciller Laura Sarabia se encargará de ejecutar la medida.

La respuesta de Petro se produjo de forma inmediata y sin contemplaciones. La prohibición de ingreso a Porras fue oficializada a través de un acto administrativo emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este hecho representa una nueva etapa de confrontación entre ambos países, y no se descarta una respuesta aún más drástica por parte de Guatemala. El conflicto pone en evidencia las profundas divisiones políticas y la lucha contra la corrupción en la región.

Este enfrentamiento, además de las tensiones bilaterales, pone en el foco internacional la situación de la lucha anticorrupción en Centroamérica y la compleja relación entre la soberanía nacional y la justicia internacional. Las sanciones previas impuestas a Porras por la comunidad internacional agravan aún más la situación y podrían generar consecuencias impredecibles para las relaciones entre Colombia y Guatemala, así como para la estabilidad regional.