Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

Presidente Petro sorprendió a la nación con un decreto que convoca a consulta popular, desatando una ola de reacciones y acusaciones de atropello a la institucionalidad. El exministro Reyes lo comparó con la polémica imputación a Bonilla.

El martes 3 de junio, el país se estremeció con el anuncio presidencial en cadena nacional. Gustavo Petro, argumentando irregularidades en el Senado, decidió por decreto convocar a una consulta popular, ignorando el fracaso de la propuesta en la cámara alta el 14 de mayo. Esta sorpresiva decisión generó una inmediata reacción a nivel nacional.


Entre los protagonistas, el exministro Luis Carlos Reyes fue el primero en criticar duramente la decisión presidencial vía redes sociales. Reyes comparó la acción de Petro con la compra de votos que se le imputa al exministro de Defensa Ricardo Bonilla, insinuando una preocupante falta de ética gubernamental. Armando Benedetti, ministro del Interior y supuesto cerebro de la iniciativa, permaneció en silencio, mientras que Efraín Cepeda, presidente del Senado, recibió fuertes acusaciones por parte de Petro por su supuesta inacción. El senador Édgar Díaz Contreras también se vio envuelto en la controversia por un cambio de voto.


La decisión de Petro se fundamenta en la presunta manipulación y obstrucción en el Senado, donde según él, se frustró la consulta popular por medio de maniobras ilegales. El 14 de mayo, la proposición se hundió, alimentando las teorías de un supuesto complot para evitar la consulta. Petro, alegando un deber con la democracia, ha decidido tomar este camino extrajudicial.


La decisión presidencial ha generado un terremoto político. Se cuestiona la legitimidad de un decreto que evita el procedimiento legislativo establecido. Las consecuencias son inciertas, pero la decisión podría sentar un peligroso precedente, debilitando las instituciones y profundizando la polarización política, evidenciando las profundas grietas en el gobierno y su antigua coalición de gobierno.