viernes, 16 mayo 2025
Por: Bryan Steven Cardona Ciceri
El presidente Gustavo Petro vuelve a la carga con una nueva consulta popular enfocada en la salud y el precio de los medicamentos, tras el rechazo del Senado a su primera propuesta.
El presidente colombiano anunció este viernes que, desafiando la negativa del Senado, presentará una nueva consulta popular. La propuesta busca responder a la crisis de accesibilidad a medicamentos, planteando si el Estado debe tener un papel más activo en la regulación de precios y la producción de fármacos esenciales. Este anuncio llega después de una votación que Petro calificó de "fraudulenta", donde la propuesta original fue rechazada por un estrecho margen.
En un mensaje vehemente en X, Petro criticó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, acusándolo de liderar lo que el mandatario considera un acto de corrupción política. “Este es el símbolo del fraude, el héroe de la banda”, expresó Petro, refiriéndose a la votación de 49 contra 47 que impidió la aprobación de la consulta. La controversia se intensifica con acusaciones de irregularidades en el proceso legislativo, apuntando a un bloqueo deliberado de iniciativas populares.
El contexto de esta confrontación no es menor. La decisión del Senado de negar la consulta coincidió con la resurrección de una reforma laboral previamente archivada, lo que ha alimentado teorías de maniobras políticas en las altas esferas del poder. En respuesta, Petro no solo ha propuesto una nueva consulta, sino que también ha llamado a la formación de cabildos populares para debatir y presionar por cambios legislativos.
Este movimiento de Petro podría tener consecuencias significativas. Al instruir a la fuerza pública a abstenerse de usar la fuerza en posibles manifestaciones, el presidente parece estar preparando el terreno para una confrontación directa con sectores del legislativo y posiblemente con elementos dentro de las fuerzas de seguridad. La nueva pregunta de la consulta, que busca directamente reducir el precio de los medicamentos y aumentar la participación estatal en su producción, podría resonar fuertemente entre los ciudadanos afectados por los altos costos de la salud.
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