Por: Miguel Angel Trujillo

Tras la condena a 12 años de prisión del expresidente Uribe, la jueza Sandra Heredia recibe amenazas de muerte y Fasol pide a la CIDH su protección inmediata. El escándalo sacude al país.

En un giro inesperado que ha paralizado a Colombia, la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, responsable de la controvertida condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno, se encuentra bajo una ola de amenazas que la obligan a solicitar protección internacional. La sentencia, emitida el 1 de agosto de 2025, desencadenó una tormenta política y judicial. El Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano (Fasol) ha alertado sobre el grave riesgo que enfrenta la jueza y su familia.


El exmandatario Uribe, a través de comunicados y allegados, ha expresado su desacuerdo con la decisión judicial. Incluso, se reportan declaraciones de un representante de gobierno extranjero calificando a la jueza como "radical". Fasol asegura que estas declaraciones, junto a otras amenazas indirectas, constituyen una campaña sistemática de desprestigio e intimidación. La situación es crítica.


Las amenazas a la jueza comenzaron casi inmediatamente después de la publicación de la sentencia. Se han registrado mensajes intimidatorios a través de diferentes medios, incluyendo redes sociales. Fasol argumenta que estas acciones son una clara muestra de la intolerancia ante decisiones judiciales y un intento de obstruir la justicia. Se teme por la integridad física de la jueza y su familia.


Este caso pone de manifiesto la profunda polarización política de Colombia y los riesgos que enfrentan los jueces al tomar decisiones impopulares. La solicitud de medidas cautelares a la CIDH refleja la preocupación por la falta de garantías para la seguridad de los operadores judiciales y las posibles consecuencias para el estado de derecho en el país. La respuesta de la CIDH será crucial para el futuro de la jueza Heredia y el mensaje que se envía a la justicia colombiana.