Por: Administrador

En un movimiento audaz, el Gobierno ha publicado un proyecto de decreto que podría transformar el sistema de salud sin pasar por el Senado. Este decreto insta a las EPS e IPS a adoptar un modelo de salud preventivo y resolutivo.

Hoy, en las puertas del Ministerio de Salud, se ha desatado una controversia significativa. Mientras la reforma de la salud sigue estancada en el Senado, el Gobierno ha decidido no esperar más y ha lanzado un proyecto de decreto que pretende implementar cambios radicales en el sistema de salud del país. Este decreto busca que las entidades de salud se orienten hacia un modelo preventivo, predictivo y resolutivo.

Entre los principales afectados están las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), que ahora tendrán que ajustar sus operaciones para alinearse con las nuevas directrices. Según declaraciones de algunos directivos de EPS, este cambio podría significar una reestructuración completa de sus servicios.

El decreto se introdujo sorpresivamente y ha generado un amplio debate. Según el Gobierno, este paso es esencial para adelantar los aspectos más urgentes de la reforma de salud que se ha visto obstaculizada en el Congreso. Sin embargo, críticos argumentan que esta maniobra evita deliberadamente el proceso democrático, poniendo en juego la calidad del debate legislativo.

Las implicaciones de este decreto son profundas. No solo cambia la forma en que las entidades de salud operarán, sino que también plantea serias preguntas sobre el balance de poderes y la función del Congreso. Expertos en política sugieren que este acto podría precipitar una crisis en las relaciones entre el Gobierno y el legislativo, y potencialmente, hacer que la discusión de la reforma de salud en el Senado se desplome una vez más.