Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

El 14 de mayo de 2025, el Gobierno de Gustavo Petro respaldó una consulta popular sobre la reforma laboral, generando tensiones en el Congreso.

El Senado de Colombia fue escenario de una jornada decisiva para el futuro laboral del país. Un día antes de la votación de la consulta popular, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó públicamente la apelación al hundimiento de la reforma laboral, presentando así un doble camino para la implementación de los cambios propuestos. Esta maniobra sorpresiva del Gobierno buscaba revivir un proyecto que había fracasado en obtener consenso previo.

Los protagonistas de esta jornada fueron figuras claves en el panorama político. Por un lado, Armando Benedetti y Antonio Sanguino, quienes defendieron la consulta como una vía para fortalecer los derechos laborales. Por otro, Fabián Díaz y Angélica Lozano del Partido Verde, quienes impulsaron la apelación, buscando una solución legislativa más directa y menos costosa.

La votación se llevó a cabo en un ambiente de alta tensión política. Sectores como el Partido Liberal criticaron la consulta por considerarla innecesaria y económicamente onerosa, mientras que otros, como el Partido de la U, apoyaron la apelación como una alternativa viable para revivir la reforma. Este escenario reflejó una clara división entre las fuerzas políticas sobre cómo proceder con las modificaciones laborales.

Este episodio no solo puso a prueba la capacidad del Gobierno de Petro para negociar con el Congreso, sino que también planteó un interrogante sobre la efectividad de las consultas populares como mecanismo para resolver disputas legislativas. La decisión final del Senado, aún pendiente, será crucial para determinar el rumbo de la reforma laboral en Colombia y podría marcar un antes y un después en la relación entre el poder ejecutivo y legislativo.