Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

Tras un nuevo acuerdo laboral, el salario de los congresistas colombianos aumentará a más de 52 millones de pesos mensuales, generando controversia y críticas.

Un pacto entre el Gobierno Nacional y sindicatos del sector público, cerrado el pasado 30 de abril, ha resultado en un aumento salarial del 7% para los servidores públicos. Este ajuste, aunque generalizado, ha tenido un impacto particularmente notable en los ingresos de los miembros del Congreso, elevando sus salarios de 48 a más de 52 millones de pesos mensuales. Este incremento se aplica automáticamente debido a las normas que rigen los salarios estatales, sin necesidad de una votación adicional.

El exsenador Gustavo Bolívar y la superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, han sido voces destacadas en la ola de críticas que ha seguido al anuncio. Bolívar destacó la desproporción del aumento comparado con el salario mínimo, mientras que Navarro lo calificó de "chiste", señalando la desconexión entre los ingresos de los políticos y la realidad económica del país.

El aumento no fue un punto negociado específicamente para los congresistas, sino una consecuencia de la estructura salarial del Estado. Cualquier mejora acordada para el grueso de los trabajadores se refleja, por norma, en los salarios más altos. Esto ha llevado a que, sin participar directamente en las negociaciones, los congresistas se beneficien igualmente de los ajustes salariales.

Este sistema ha generado un creciente descontento entre la ciudadanía, que ve cómo se perpetúan los privilegios de la clase política mientras se estancan propuestas para limitar estos ingresos. Proyectos de ley como el del senador Iván Cepeda, que busca establecer un tope salarial para los congresistas, no avanzan en el legislativo. La situación refuerza la percepción de una falta de voluntad política para abordar las disparidades salariales de manera efectiva.