Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Uribe de soborno y fraude, desatando una ola de reacciones. Su archienemigo político, Juan Manuel Santos, sorprendió al pedir respeto absoluto por la independencia judicial.

El Tribunal Superior de Bogotá emitió el 21 de octubre de 2025 un fallo de segunda instancia que sacudió los cimientos políticos del país. La decisión absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los graves cargos por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Este veredicto puso fin, al menos por ahora, a un proceso judicial de alto perfil que mantuvo en vilo a la nación.

Inmediatamente después de conocerse el fallo, la atención se centró en las reacciones de los principales actores políticos. El expresidente Juan Manuel Santos, conocido contradictor de Uribe, utilizó su cuenta de X para pronunciarse. Santos enfatizó la necesidad de “acatar con respeto” los fallos judiciales, subrayando que “la independencia judicial es la base de una democracia sólida”. Su mensaje fue un llamado explícito a la calma institucional, trascendiendo las históricas diferencias.

La decisión del Tribunal Superior, en su rol de segunda instancia, culmina una fase crucial de este complejo litigio. El caso había generado un seguimiento mediático sin precedentes, polarizando a la opinión pública entre defensores y críticos. Los cargos de soborno a testigos y fraude procesal representan delitos de gran envergadura que ponen en juego la credibilidad del sistema judicial. La absolución de un exmandatario de este calibre inevitablemente marca un antes y un después en el panorama legal colombiano.

El sorpresivo pronunciamiento de Juan Manuel Santos, dejando de lado la rivalidad histórica con Uribe, envía una potente señal política. Su llamado a respetar la institucionalidad judicial refuerza la confianza en la independencia de la justicia como pilar democrático. Este gesto podría, a largo plazo, sentar un precedente para un diálogo político menos confrontacional y más centrado en los principios de estado de derecho. La trascendencia de este fallo va más allá del ámbito judicial, redefiniendo el futuro del debate político nacional.