Por: Katherine Cruz

La Fiscalía confirmó la captura de un rector de internado rural en Cumaribo, Vichada, acusado de abusar de seis estudiantes indígenas, cuatro de ellas menores de edad. Un escándalo que sacude la región.

Un escándalo de proporciones inimaginables sacude la tranquilidad del Vichada. La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de un rector de un internado rural en Cumaribo, señalado como presunto responsable de graves conductas inapropiadas. Las víctimas serían seis de sus estudiantes, todas integrantes de una comunidad indígena, entre ellas cuatro menores de edad en situación de especial protección. Los hechos habrían tenido lugar dentro de las instalaciones educativas entre 2024 y 2025, dejando una profunda herida en la comunidad.

La gravedad del caso radica en que el presunto agresor era una figura de autoridad crucial para la educación y el bienestar de estos jóvenes. Según las revelaciones de la Fiscalía, este hombre habría traicionado la confianza depositada en él, vulnerando la integridad de quienes estaban bajo su cuidado. La pertenencia étnica de las víctimas y su condición de vulnerabilidad agudizan la indignación social que ha generado este lamentable suceso.

La investigación reveló un modus operandi escalofriante, donde el señalado se habría valido de su posición de liderazgo para ejercer un control absoluto sobre las estudiantes. Además, para asegurar el silencio y evitar denuncias, el rector presuntamente habría usado amenazas directas hacia las jóvenes y sus familias. Se conoció que el hombre habría alardeado de tener contactos con actores armados al margen de la ley, utilizando esta intimidación como un arma más.

Tras una serie de valientes denuncias, las autoridades actuaron con celeridad y enfoque diferencial. Miembros del CTI capturaron al individuo en Puerto Carreño, presentándolo ante un juez de control de garantías. Aunque la Fiscalía le imputó los delitos de agresión agravada y comportamiento indebido con menores, el procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, la justicia ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario, garantizando así la protección de las víctimas y el correcto desarrollo del proceso judicial que apenas comienza.