Por: Miguel Angel Trujillo

Director de la UNP bajo la lupa de la Procuraduría por presuntas omisiones en la protección de miembros del Centro Democrático desde 2023. ¿Negligencia o algo más?

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por graves acusaciones de negligencia en el esquema de seguridad de figuras políticas del partido Centro Democrático. Esta investigación se produce en un clima de creciente tensión política en Colombia, donde la seguridad de líderes políticos ha sido un tema central en los debates nacionales. La gravedad de la situación se intensifica ante la reciente tentativa de atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, aunque éste no está explícitamente nombrado en la denuncia inicial.

Gabriel Vallejo, director nacional del Centro Democrático, presentó la queja formal ante la Procuraduría. Vallejo asegura que desde 2023 su partido ha solicitado insistentemente el refuerzo de las medidas de protección para varios de sus miembros, sin recibir una respuesta adecuada ni un seguimiento efectivo por parte de la UNP. Según Vallejo, "la omisión de la UNP ha puesto en grave riesgo la vida de nuestros afiliados, lo cual es inaceptable". La investigación busca determinar si efectivamente hubo negligencia por parte de la dirección de la UNP.

La Procuraduría ordenó una investigación exhaustiva, solicitando a la UNP un informe detallado sobre las solicitudes de seguridad recibidas desde 2023 y las acciones tomadas para responder a las mismas en un plazo de 10 días. Se espera que la investigación incluya testimonios de los miembros del Centro Democrático afectados, así como un análisis de las medidas de seguridad implementadas y su eficacia. El proceso buscará determinar si hubo una falta de diligencia o incluso una conducta dolosa en la respuesta de la UNP a las solicitudes de protección.

Las consecuencias de esta investigación podrían ser devastadoras para Rodríguez y la UNP. Si se comprueba la omisión de deberes en la protección de figuras políticas, se podrían abrir investigaciones penales adicionales, además de las sanciones disciplinarias de la Procuraduría. La credibilidad de la UNP y su capacidad para garantizar la seguridad de los líderes políticos se verán severamente afectadas, generando un impacto significativo en el panorama político nacional y la confianza ciudadana.