Por: Miguel Angel Trujillo

¡Escándalo en Colombia! El Tribunal de Cundinamarca admitió una demanda explosiva contra el Ministerio de Educación y el Servicio Geológico Colombiano por presunto uso político de sus redes oficiales. ¿Campaña encubierta con fondos públicos?

En un giro judicial que promete sacudir la esfera pública en 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido una demanda de alto calibre. Esta acción legal, interpuesta por la Fundación FedeColombia, pone bajo el microscopio al Ministerio de Educación y al Servicio Geológico Colombiano. Se les acusa formalmente de haber utilizado sus plataformas digitales institucionales con fines presuntamente políticos. La controversia surge por la difusión de mensajes que favorecerían la agenda del Gobierno Nacional.

Según la Fundación FedeColombia, las publicaciones cuestionadas incluyen la replicación de pronunciamientos directos del presidente Gustavo Petro. Temas sensibles como la descertificación de Estados Unidos en la lucha antidrogas y las irregularidades en la Nueva EPS fueron, supuestamente, amplificados por estas redes oficiales. Frente a la creciente controversia, el presidente Petro no tardó en reaccionar con una declaración contundente. “Mi Educación es Gobierno y el Servicio Geológico es Ejecutivo, y el presidente es el jefe del Estado por voto popular, y lo popular es el dueño de Colombia”, afirmó el mandatario, defendiendo la posición de sus entidades.

La demanda detalla que el supuesto uso indebido se habría manifestado al replicar, en cuentas oficiales de estas instituciones, mensajes que trascienden la misión informativa o de servicio público. Estas acciones son catalogadas por FedeColombia como una clara violación al Estatuto Anticorrupción. Dicha normativa prohíbe explícitamente el uso de la publicidad oficial con propósitos que no estén estrictamente relacionados con los fines institucionales. Se argumenta que convertir las plataformas estatales en altavoces políticos distorsiona el equilibrio informativo y malversa los recursos públicos.

La admisión de esta demanda por parte del Tribunal de Cundinamarca marca un precedente significativo en la vigilancia del uso de los medios estatales. Este caso podría redefinir los límites entre la comunicación gubernamental legítima y la propaganda política encubierta, con fondos del erario. Las posibles consecuencias van desde sanciones económicas hasta la exigencia de rectificaciones, sentando un importante mensaje sobre la transparencia y la ética en la gestión pública. La sociedad colombiana espera atenta el desenlace de este pulso legal que desafía la imparcialidad de las instituciones.