Por: karol Yulieth Lopéz león

Un velo de sospecha cubre al gobierno tras el asalto a la casa de Angie Rodríguez y la "chuzada" al móvil de Benedetti. El Minjusticia investiga si miembros de inteligencia estatal buscan desprestigiar a funcionarios con fines políticos.

La nación se conmociona ante una serie de eventos inquietantes que sacuden las altas esferas del poder. El asalto a la residencia de Angie Rodríguez, saliente directora del Dapre, ha encendido las alarmas de seguridad. Paralelamente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha denunciado que su teléfono fue intervenido ilegalmente con el sofisticado software Pegasus. Estos episodios han provocado una rápida reacción del Ministerio de Justicia, que no descarta la implicación de aparatos estatales.

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, ha sido el principal vocero del gobierno en esta delicada situación. Idárraga afirmó públicamente que se está evaluando la posible participación de miembros de la inteligencia estatal en estos incidentes. Además, reveló que se investiga un tercer episodio de similar naturaleza, lo que profundiza la preocupación. Estas acciones podrían estar dirigidas a desprestigiar a funcionarios con claras intenciones políticas y electorales.

Veinticuatro horas después de las respectivas denuncias, la preocupación escala en el Palacio de Nariño. Angie Rodríguez reveló detalles del violento asalto a su hogar, mientras que Benedetti confirmó la 'chuzada' de su celular con Pegasus, un software conocido por su uso en espionaje gubernamental. Esta revelación ha generado un torbellino de especulaciones sobre quién podría estar detrás de tales operaciones. El clima de incertidumbre se agudiza ante la falta de responsables claros.

Desde el propio gobierno Petro, la tesis de una conspiración interna o de actores externos con acceso a inteligencia no ha sido descartada. La potencial injerencia de miembros de la inteligencia estatal es una posibilidad que sacude los cimientos de la administración. Las consecuencias de confirmar tal escenario podrían ser devastadoras para la confianza institucional y la estabilidad política del país. La ciudadanía exige respuestas claras y contundentes ante esta grave amenaza a la democracia.