Por: Miguel Angel Trujillo

En solo 30 días, el Huila ha sido escenario de tres brutales asesinatos de menores, evidenciando una alarmante crisis de violencia infantil.

El departamento del Huila está sumido en una profunda consternación tras la muerte violenta de tres niños en distintos municipios, todos en circunstancias horrendas. Este patrón de violencia ha puesto en evidencia la vulnerabilidad extrema de los menores en la región, donde incluso sus hogares se han convertido en lugares de riesgo mortal.

El primer caso conmocionó a Neiva el pasado 2 de mayo, cuando Juan Esteban Valderrama, de 12 años, fue acribillado mientras viajaba en moto con su madre, quien quedó gravemente herida. Este ataque sicarial en el norte de la ciudad aún no tiene un motivo claro, y la comunidad exige respuestas y justicia. En La Plata, un niño de cinco años fue asesinado a golpes por su tío, quien estaba a cargo de su cuidado mientras su madre cumplía una condena en prisión. El pequeño fue llevado al hospital demasiado tarde, con signos claros de maltrato prolongado.

El caso más perturbador ocurrió con Jordan Alexander, un niño de dos años que fue llevado ya sin vida al hospital envuelto en una cobija. Los exámenes médicos revelaron un cuadro de tortura prolongada y abuso sistemático. La madre y el padrastro del menor, ambos con antecedentes penales, están siendo procesados por homicidio y tortura.

Estos trágicos eventos han generado un clamor público por una mayor protección para los niños en el departamento. La repetición de estos crímenes en un lapso tan corto ha puesto en tela de juicio la efectividad de las políticas de protección infantil y la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de los más vulnerables. La sociedad huilense, herida y temerosa, exige que se tomen medidas drásticas para prevenir que esta cadena de violencia se extienda aún más.

Cada uno de estos casos es un recordatorio sombrío de que la protección de los niños debe ser una prioridad absoluta. La comunidad del Huila está llamando a todas las entidades gubernamentales y a la sociedad en general a unirse para fortalecer los mecanismos de protección y asegurar un entorno seguro para sus jóvenes. La muerte de estos tres niños no solo es una tragedia individual y familiar, sino un fracaso colectivo que debe movilizar a todos hacia acciones concretas y efectivas.