Por: Juan Manuel Esquivel Gutierrez

Tras 18 días de secuestro, la familia de Lyan José Hortúa, de 11 años, pagó el rescate por recomendación de funcionarios del Estado, logrando su liberación sin intervención oficial directa.

El 4 de mayo, Lyan fue secuestrado por individuos que, según informes, podrían ser parte de disidencias de las FARC. La falta de avances significativos en las investigaciones llevó a funcionarios estatales a sugerir a la familia del niño que considerara la negociación directa con los captores. "Nos sentimos completamente abandonados por el gobierno", expresó el tío de Lyan, quien también reveló que la familia ahora enfrenta una grave crisis financiera debido al pago del rescate.

Una prima de Lyan, en un acto de valentía y desesperación, logró establecer contacto con los secuestradores y negociar la liberación del menor. "Fue un proceso aterrador, pero no teníamos otra opción", comentó la joven, quien prefirió mantenerse en el anonimato por seguridad.

El niño fue finalmente entregado a unos campesinos en una zona rural, quienes lo trasladaron a la Defensoría del Pueblo. Este acto puso fin a casi tres semanas de angustia para la familia Hortúa, que criticó duramente la respuesta del gobierno y la aparente indiferencia del presidente Petro, quien solo se pronunció públicamente sobre el caso después de que Lyan fue liberado.

Este incidente plantea serias preguntas sobre la eficacia de las políticas de seguridad del Estado y el manejo de casos de secuestro, especialmente cuando involucran a menores. La familia de Lyan, aunque aliviada por su retorno, se encuentra devastada económicamente y desilusionada con el sistema, concluyendo que "Lo rescatamos nosotros, no el Estado". Este caso podría tener repercusiones duraderas en la confianza pública hacia las autoridades en materia de seguridad y justicia.