Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

Denuncias de explotación laboral en Tiendas D1 sacuden al país. El Ministerio del Trabajo investiga tras un explosivo reportaje de Señal Colombia. D1 niega las acusaciones.

Un escándalo de proporciones nacionales remece a la cadena de supermercados Tiendas D1. El programa “Señal Investigativa” de Señal Colombia emitió un reportaje, antes del 3 de junio de 2025, que denunció presuntas prácticas de explotación laboral dentro de la empresa, generando una inmediata reacción del Ministerio del Trabajo. El impacto del informe se sintió a nivel nacional, dada la presencia masiva de D1 y sus más de 24.600 empleados directos. Las redes sociales se incendiaron con comentarios y exigencias de explicaciones.

El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la situación como "grave" y ordenó una investigación formal. Sanguino argumentó que las millonarias ganancias de D1 en 2024 (más de $373.000 millones) contrastan fuertemente con las presuntas condiciones laborales de sus empleados. Señaló la necesidad de esclarecer la situación para garantizar los derechos de los trabajadores. Las denuncias, según el Ministro, requieren una respuesta contundente.

El reportaje de Señal Investigativa presentó evidencia, aunque sin testimonios individuales públicos hasta el momento, sobre posibles regímenes laborales ilegales e inmorales dentro de las tiendas D1. El programa no solo expuso los detalles de las supuestas irregularidades, sino que también contextualizó la situación dentro del panorama general de la precariedad laboral en Colombia. La investigación de Señal Colombia se centró en la discrepancia entre la riqueza de la empresa y la supuesta falta de garantías laborales para sus trabajadores.

La respuesta oficial de Tiendas D1, publicada el 3 de junio de 2025, rechazó categóricamente las acusaciones. La empresa aseguró cumplir con la normatividad laboral y destacó sus contratos a término indefinido y su compromiso con el diálogo sindical. Sin embargo, la compañía también insinuó una posible motivación política detrás de las denuncias, un argumento que ha generado fuertes debates. El caso D1 expone la creciente tensión entre el éxito empresarial y la responsabilidad social corporativa en Colombia, y deja en evidencia la necesidad de mayor transparencia y control en las prácticas laborales del país. La investigación del Ministerio del Trabajo será crucial para determinar la veracidad de las denuncias y sentar un precedente sobre la protección de los derechos laborales en el contexto del crecimiento económico.