Por: Katherine Cruz

Un grave incidente sacudió la Universidad Nacional sede Bogotá el pasado viernes 10 de octubre, cuando el Ministro de Educación ingresó al campus pese a una orden de desalojo por amenaza. El rector Leopoldo Múnera denunció un ataque a la autonomía universitaria.

La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, vivió una jornada de alta tensión el pasado viernes 10 de octubre de 2025. Tras una amenaza explícita a la seguridad, la Rectoría ordenó el desalojo total del campus y la suspensión de actividades. Pese a esta medida preventiva, el Ministro de Educación ingresó a las instalaciones para un evento estudiantil, desatando una fuerte polémica. Este acto generó un repudio generalizado, encendiendo las alarmas sobre la soberanía universitaria.

El rector Leopoldo Múnera no tardó en manifestar su profunda indignación ante lo sucedido, calificando el ingreso del ministro como "un hecho inaceptable que desconoce la autonomía universitaria". Según Múnera, esta acción representa una intromisión directa y flagrante en las decisiones internas de la institución académica. La comunidad universitaria observa con creciente preocupación esta inaudita confrontación de poderes, temiendo por las repercusiones a futuro.

La crisis se desencadenó con la emisión del Comunicado Conjunto N. 05 el 10 de octubre de 2025. En él, la universidad informaba sobre una "amenaza específica" en redes sociales que motivó el desalojo preventivo del campus y la suspensión de clases presenciales. Las autoridades locales y nacionales, como la Secretaría de Seguridad y la Defensoría del Pueblo, fueron inmediatamente alertadas para coordinar la verificación del riesgo. Aunque un acto cultural estudiantil del 1 de octubre había sido previamente autorizado, la Rectoría comunicó su suspensión a los organizadores, priorizando siempre la integridad de la comunidad ante la amenaza.

Este incidente deja en el aire interrogantes cruciales sobre la soberanía de las instituciones educativas frente a la injerencia externa. La universidad y el rector Múnera defendieron la legalidad del evento inicial, pero priorizaron tajantemente la integridad de su comunidad. El comunicado del 10 de octubre subraya que la medida de desalojo fue preventiva, y el riesgo solo se confirmaría bajo investigación de las autoridades. La tensión generada evidencia la delicada línea entre la seguridad, la autonomía y la presencia ministerial.