martes, 2 diciembre 2025
Por: karol Yulieth Lopéz león
La Procuraduría de Garzón, tras años de un "silencio" cuestionado, rompió el molde con un encuentro inédito en Pitalito. 24 personeros del Huila escucharon el grito: "Se acabó el escritorio". ¿Cambio real o solo promesa?
Pitalito, Huila, fue el epicentro de un suceso que ha dejado a muchos con la boca abierta. El 2 de diciembre de 2025, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón convocó a 24 personeros de las regiones centro, sur y occidente del departamento a un encuentro institucional. Fuentes cercanas indican que este es el primer evento de tal magnitud en años, marcando un giro drástico en la presencia territorial del Ministerio Público.
Al frente de esta 'revolución' está el procurador provincial Felipe Hernández, quien no se guardó nada al declarar que “la responsabilidad no puede ejercerse desde un escritorio”. Esta contundente afirmación resuena como una crítica velada a gestiones anteriores, prometiendo una Procuraduría más activa y cercana a las realidades municipales. Otros pesos pesados como Wilson Díaz Sterling, contralor departamental electo, también estuvieron presentes, dando peso a la trascendental jornada.
La agenda académica, que más bien parecía un manual de supervivencia para la función pública, abordó espinosos temas como “Delitos y faltas contra la administración pública” y “Responsabilidad fiscal y disciplinaria”. Expertos como Iván Cangrejo y María Eugenia, jefes de Control Interno Disciplinario, expusieron los puntos álgidos. Este adiestramiento intensivo busca, al parecer, cerrar el grifo a posibles irregularidades que han salpicado a la administración local en el pasado.
La contundente señal de la Procuraduría Provincial de Garzón es clara: el tiempo del “Ministerio Público invisible” ha terminado. Con la promesa de que este es “apenas el primero de varios encuentros”, Hernández busca instaurar una práctica que, según los propios personeros, era una “novedad” tras años de abandono. Esta movida estratégica podría significar una vigilancia más férrea sobre la gestión pública y, quizás, el fin de la impunidad en los rincones más alejados del Huila.
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