Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

La Corte Constitucional aceptó una demanda crucial contra el decreto que rige procesos agrarios, amenazando la Reforma Rural. Se busca justicia especializada para miles de campesinos. ¡El futuro del campo está en juego!

En un movimiento que ha paralizado a las esferas del poder, la Corte Constitucional de Colombia admitió en octubre de 2025 una demanda trascendental. Esta acción judicial busca condicionar la constitucionalidad del Decreto Ley 902 de 2017, norma que actualmente rige el Procedimiento Único para los procesos agrarios especiales. La decisión de la Corte podría redefinir por completo el camino de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, un pilar fundamental para la estabilidad del país. La capital, Bogotá, es nuevamente escenario de un debate legal de proporciones históricas.

El artífice de esta arriesgada jugada legal es Juan Felipe Harman Ortiz, director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Harman interpuso la demanda, argumentando que la fase judicial actual ante jueces civiles vulnera el sagrado principio del juez natural. Su iniciativa pone el foco en la urgencia de establecer una justicia agraria especializada. La Corte Constitucional de Colombia, en su papel de garante de la Carta Magna, tiene ahora en sus manos la responsabilidad de analizar y decidir sobre esta compleja cuestión. Los verdaderos protagonistas y principales afectados son los campesinos y las comunidades rurales, quienes anhelan un acceso justo a la tierra, tal como lo establece el Acuerdo Final de Paz.

La demanda no es un mero tecnicismo; es un grito de auxilio ante lo que la ANT considera un freno insostenible para la implementación de la Reforma Rural Integral. Según el comunicado oficial, la admisión de esta demanda por parte de la Corte en octubre de 2025 marca un hito. La controversia radica en que, al depender de jueces civiles, se dilatan los procesos y se desvirtúa la especialidad que la cuestión agraria requiere. Esta situación ha generado frustración y retrasos en la entrega de tierras, impactando directamente la vida de miles de familias en el campo colombiano.

La demanda de la ANT ante la Corte Constitucional es un reflejo de la desesperada urgencia por activar la largamente esperada Jurisdicción Agraria. Una justicia especializada es vital para garantizar procesos efectivos y equitativos en materia de tierras, lejos de la lentitud y la incomprensión de los juzgados ordinarios. La decisión final de la Corte será, sin duda, un punto de inflexión para el avance del Acuerdo de Paz, pues definirá quién tendrá la potestad de dirimir los complejos conflictos agrarios mientras se materializa la ansiada jurisdicción. El futuro de la paz y la equidad rural pende de un hilo en los estrados judiciales.